Dictaron prisión preventiva a dos manifestantes del Partido Obrero por incidentes en el Congreso

La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires ordenó la prisión preventiva de los dos militantes del Partido Obrero procesados por los incidentes del Congreso. Se trata de César Arakaki y Fernando Dimas Ponce.

La decisión fue tomada por los jueces de la Sala II del tribunal de apelaciones. La decisión es por “lesiones en agresión y atentado contra la autoridad, agravado por haber sido cometido a mano armada y por la reunión de más de tres personas”.

La resolución la tomaron los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun quienes sostuvieronsostuvieron que los procesados deben volver a ser detenidos de manera preventiva. En este caso, agregaron que su libertad puede poner en riesgo la investigación en curso, sobre los hechos ocurridos en los alrededores del Congreso.

“La subsistencia de medidas probatorias -algunas de las cuales hoy se encuentran en pleno desarrollo- podrían, frente al escenario hasta aquí develado, ser obstaculizadas por los imputados en caso de permanecer en libertad. En particular, se destaca la necesidad de identificar y de dar con el paradero del resto de los agresores”, sostuvieron los camaristas.

Arakaki y Ponce fueron liberados por el Juez de Primera instancia Sergio Torres el 23 de enero. En ese momento cuando dispuso que fueran procesados y que solo quedara detenido el policía federal Dante Barisone, quien pisó con su moto a un cartonero que estaba tirado en el piso y le generó lesiones en el pecho y una quemadura en la pierna.

Farah e Irurzun destacaron que las imágenes reunidas en el expediente “ilustran que César Javier Arakaki y Dimas Fernando Ponce atacaron a Brian Fernando Escobar -Oficial Ayudante de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires- valiéndose de piedras, del estandarte de una bandera y de dos palos cortos con puntas afiladas”.

“Las pruebas obrantes en el expediente indican que las lesiones sufridas por el agente Escobar se produjeron en un contexto de agresión, en el que participó un significativo número de personas -los cuales, vale recordar, no han sido por el momento identificados en su totalidad”, agregaron.

La decisión de Torres había sido apelada por el fiscal federal Carlos Rívolo, situación que fue mantenida por su superior Germán Moldes ante la Cámara Federal.

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